Los defensores dicen que es probable que los inquilinos pierdan un caso de desalojo si no pueden pagar un abogado. Las principales ciudades han aprobado leyes que garantizan representación legal.
Por Nate Morabito, WCNC-TV
Con una avalancha de desalojos que se esperan en las próximas semanas, los inquilinos que no pueden pagar sus propios abogados se representarán a sí mismos en la corte y las probabilidades no estarán a su favor.
“Las compañías administradoras de viviendas y los propietarios están esperando presentar pedidos de desalojos a las personas. Estamos hablando de miles de personas”, dijo Jessica Moreno, organizadora de Action NC Housing Justice. “Cuando quieran sacarte, te sacarán. Ya sabemos que las personas que no tienen representación tienen más probabilidades de perder su caso que las personas que sí tienen representación”.
Si bien esa es a menudo la realidad, otras ciudades han encontrado una solución para darles a los inquilinos la oportunidad de luchar. Han creado nuevas leyes que garantizan la representación de los inquilinos.
Cleveland, Ohio, se convirtió en una de las últimas ciudades en aprobar una ley que solidifica la ayuda legal gratuita. Un informe reciente encontró que el programa de Derecho a un Abogado de la ciudad ayudó a los inquilinos a evitar el desalojo en el 93 % de los casos durante sus primeros seis meses de existencia.
La ciudad de Nueva York se convirtió en la primera en aprobar una ley de este tipo en el 2017. En una entrevista con Sophie House del Furman Center de la Universidad de Nueva York, Housing Matters informó que la
representación legal se disparó en los códigos postales cubiertos por la ley, con más del 50 % de los inquilinos representados.
Las primeras investigaciones sugieren que los desalojos disminuyeron enormemente como resultado. Community Service Society informó que “los desalojos disminuyeron más de cinco veces más rápido” en los códigos postales donde funciona el programa de Derecho a un Abogado (Right to Counsel).
Tammy Brathwaite es originaria de la ciudad de Nueva York. La mujer de 37 años ahora vive en un apartamento de Charlotte, pero probablemente no por mucho más tiempo. Está desempleada, atrasada varios meses con el alquiler y enfrenta el desalojo sin un abogado.
En su Brooklyn natal, la ley del derecho a un abogado de la ciudad de Nueva York le proporcionaría un abogado.
“No sé qué voy a hacer”, dijo Brathwaite. “Es difícil porque realmente no sabes cuál es tu próximo movimiento porque no está en tus manos. Está bastante determinado por personas que no parecen ser 100 % sensibles a lo que está sucediendo en tu vida. Estoy aterrorizada, para ser sincera”.
La moratoria federal de desalojos es su último nivel de seguridad y vence el 31 de julio.
“Sin trabajo, sin ingresos, sin forma de pagar el alquiler y sin protección para que te echen a la calle con una hija de 3 años”, dijo.
La moratoria que vence pronto evita que los propietarios desalojen a los inquilinos que no pueden pagar debido al COVID-19, pero no por otras violaciones del contrato de arrendamiento.
Los datos de la corte de Carolina del Norte no identifican el motivo de los intentos de desalojo, pero muestran que las solicitudes de desalojo disminuyeron drásticamente en todo el estado en abril del 2020 al comienzo
de la pandemia, pero luego aumentaron hasta septiembre antes de volver a disminuir.
Incluso con la moratoria en vigor, los datos revelan que los propietarios de Carolina del Norte presentaron casi 34,000 desalojos sumarios durante los primeros cinco meses de la moratoria.
Los registros judiciales muestran que mientras el condado de Mecklenburg representó aproximadamente el 20 % de todas las solicitudes de desalojo en el estado durante los primeros cinco meses de la moratoria, Mecklenburg también fue el hogar del porcentaje más bajo de desalojos concedidos de julio a enero. Los registros muestran que los jueces otorgaron un mayor porcentaje de expulsiones sumarias en condados más pequeños como Anson, Watauga y Burke.
“No es sorprendente que se hayan presentado tantos desalojos sumarios. Nos dice que los inquilinos realmente no están protegidos”, dijo Moreno. “Solo pienso en todas las personas que se quedarán sin hogar y en la calle sin opciones”.
Si bien las leyes del derecho a un abogado pueden brindar protección adicional, existen barreras para esos programas. Filadelfia, por ejemplo, aprobó una ley el otoño pasado, pero aún no está financiada y su implementación podría demorar cinco años.
El dinero no es el único obstáculo potencial. Según el Furman Center de la NYU, estos programas requieren contratar abogados, educar a los inquilinos y prepararse para el potencial de litigios más agresivos por parte de propietarios y administradores de propiedades.
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